Ataques estadounidenses contra barcos narco latinoamericanos

La controversia rodea las acciones de los Estados Unidos contra barcos sospechosos de tráfico de drogas en el Caribe. Mientras que los funcionarios estadounidenses sostienen que actúan en defensa propia, la región condena estas acciones. El presidente Donald Trump afirmó que sus fuerzas habían destruido un barco vinculado al cartel Tren de Aragua, que transportaba drogas hacia Estados Unidos. Sin embargo, la falta de evidencia y detalles sobre las operaciones ha generado escepticismo en la región.

Algunos expertos en derecho internacional y marítimo sostienen que Estados Unidos podría haber actuado de manera ilegal al atacar el barco. Según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, los países no deben interferir con barcos que operan en aguas internacionales, sin embargo, hay excepciones limitadas que permiten a un estado aprehender un buque, como la «pursuit caliente» cuando un buque es perseguido desde aguas de un país hacia el alto mar.

¿Cumplen con la ley los ataques de EE.UU.?

Los expertos en derecho internacional cuestionan la legalidad de las acciones de Estados Unidos contra barcos sospechosos de tráfico de drogas en el Caribe. Según el profesor Luke Moffett, la fuerza puede usarse para detener un barco, pero generalmente debería ser con medidas no letales. Además, la utilización de tácticas agresivas debe ser «razonable y necesaria en defensa propia» cuando hay una amenaza inmediata de lesiones graves o pérdida de vida para los funcionarios de aplicación. Por lo tanto, los expertos consideran que las acciones de EE. UU. son «ilegales bajo el derecho del mar».

La designación del Tren de Aragua como organización terrorista extranjera por parte del Departamento de Estado de EE. UU. no justifica la acción militar, según expertos. Profesor Michael Becker de la Universidad de Trinity de Dublín sostiene que la descripción de los individuos abatidos como «narcoterroristas» no los convierte en objetivos militares legítimos. Además, el carácter irregular de la guerra del cartel no autoriza el uso de fuerza letal, según Becker. Por lo tanto, la acción de EE. UU. se considera ilegal bajo el derecho internacional, en consecuencia, genera dudas sobre la legitimidad de las intervenciones militares en el Caribe.

¿Son legales las acciones de ‘guerra contra el narcotráfico’?

El profesor Luke Moffett enfatiza que Estados Unidos no está en un conflicto armado con Venezuela o el Tren de Aragua, por lo que no justifica la acción militar. Moffett sostiene que etiquetar a todos como terroristas no los convierte en objetivos legítimos. Además, la guerra irregular del cartel no autoriza el uso de fuerza letal, según Becker. Por lo tanto, la acción de EE. UU. se considera ilegal bajo el derecho internacional, en consecuencia, genera dudas sobre la legitimidad de las intervenciones militares en el Caribe.

Las autoridades estadounidenses, incluido el secretario de Defensa Pete Hegseth, han defendido la acción, que también ha sido aplaudida por republicanos en el Congreso. Un funcionario de la Casa Blanca informó a BBC Verify que Trump la autorizó después de que el barco saliera de Venezuela con tripulación de miembros del Tren de Aragua. El funcionario agregó que el presidente estaba comprometido a utilizar todos los medios para prevenir que las drogas lleguen a EE. UU. El Pentágono se negó a compartir el asesoramiento legal que obtuvo antes de llevar a cabo el ataque. En un ataque, llevado a cabo el 16 de octubre, hubo dos supervivientes – un colombiano y un ecuatoriano, a quienes el gobierno de EE. UU. dice que fueron repatriados para «detención y persecución». ¿Trump puede lanzar ataques sin aprobación del Congreso? Se han planteado preguntas sobre si la Casa Blanca se ajustó a la ley de EE. UU. al autorizar los ataques.

¿Son legales las represalias de EE.UU. en aguas latinoamericanas?

La Constitución de EE. UU. establece que solo el Congreso tiene el poder para declarar la guerra. Sin embargo, el artículo II otorga al presidente el poder de ser el Comandante en Jefe del Ejército. Algunos expertos constitucionales han sugerido que esto le otorga al presidente el poder para autorizar ataques contra objetivos militares. Fuentes de la administración de Trump han citado esta disposición en el pasado para defender los ataques estadounidenses en Irán. Sin embargo, no está claro si esta disposición se extiende al uso de la fuerza contra actores no estatales como carteles de drogas. Rumen Cholakov, experto en derecho constitucional estadounidense en la Universidad de King’s College de Londres, señaló a BBC Verify que desde el 11 de septiembre, los presidentes de EE. UU. han recurrido a la Ley de Autorización de Uso de Fuerza Militar de 2001 (AUMF) cuando llevan a cabo ataques contra grupos responsables de los ataques. Por lo tanto, la base legal para las acciones de EE. UU. en el Caribe sigue siendo cuestionable.

La cuestión de si el presidente Trump cumplió con la Resolución de Poderes de Guerra, que exige que el presidente consulte con el Congreso antes de introducir fuerzas armadas estadounidenses en hostilidades, sigue siendo incierta. A pesar de que algunos republicanos en el Congreso expresaron inquietudes sobre los ataques, el Senado rechazó una resolución en octubre que requeriría que la administración de Trump solicite la aprobación del Congreso antes de realizar ataques adicionales. La reacción del gobierno de Venezuela ante los ataques ha sido de ira y la comunidad internacional sigue buscando claridad sobre las operaciones de EE. UU. en la región.

¿Qué sabemos sobre los ataques en Venezuela?

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, niega las acusaciones estadounidenses de estar involucrado en tráfico de drogas. Las operaciones militares se llevan a cabo en medio de informes de que los EE. UU. han desplegado buques de guerra en la región en apoyo de operaciones antidrogas contra Venezuela. Utilizando imágenes de satélite, imágenes de redes sociales y información de rastreadores públicos de buques, hemos identificado 14 buques militares estadounidenses en la región, incluidos destructores con misiles guiados y portaaviones anfibios. También hemos localizado varios aviones y drones militares en Puerto Rico. El presidente Trump también admitió en octubre que ha autorizado a la CIA a realizar operaciones encubiertas en Venezuela. El presidente, quien ha buscado durante mucho tiempo derrocar a Maduro, ha autorizado un premio de US$50 millones por cualquier información que conduzca a su arresto.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha negado las acusaciones estadounidenses de estar involucrado en tráfico de drogas, y ha rechazado las acciones de EE. UU. como una «agresión contra el pueblo venezolano». Además, Maduro ha destacado que Venezuela ha ganado el apoyo de varios países de la región, incluyendo a Cuba y a Nicaragua, que han condenado las acciones de EE. UU. como una violación de la soberanía nacional. Por lo tanto, la controversia continúa, y la comunidad internacional sigue buscando claridad sobre las operaciones de EE. UU. en la región, en consecuencia, generando dudas sobre la legitimidad de las intervenciones militares en el Caribe.